Un auto obliga al derribo del muro ilegal de Álvaro Pino

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El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) zanjó ayer la disputa que mantienen desde hace más de dos décadas el ex ciclista Álvaro Pino y varios de sus vecinos por la "usurpación" que cometió el director deportivo del Xacobeo al cercar un tramo de camino público en Fontela (Ponteareas). El caso salpicó la gestión del ayuntamiento y ahora el TSXG obliga a su responsable, el acalde Salvador González Solla (PP), a "recuperar de oficio el tramo del camino". Deberá hacerlo antes de 2011 y bajo su "responsabilidad directa".

En su auto, el TSXG recuerda la sentencia con la que en 2004 obligaba al Ayuntamiento de Ponteareas a "recuperar" el terreno y tacha la actuación del consistorio de insuficiente. "Nada se hizo al respecto, pues el camino quedó con su configuración anterior, conservando sus arranques por ambos extremos, pero engullido todo su tramo central por las fincas colindantes", reza el auto. Queda anulado también la decisón de la Junta de Gobierno Local con la que se pretendía calificar de "bien desafectado" el terreno, pues "no consta debidamente acreditada la oportunidad y legalidad de la alteración" o que la medida vaya a "servir al interés general". El TSXG cierra así la puerta a la venta de la propiedad a la familia Pino.

Una decisión "absurda"

A pesar de calificar la solución municipal de "absurda" y recriminarle "claudicar de la obligación de recuperar ese demanio [dominio público] para mantener el statuo quo existente", el auto rechaza censurar las medidas del Ayuntamiento desde "el punto de vista de la legalización urbanística". Sí reconoce el "carácter desfavorable" del informe técnico de la secretaria municipal que vertía "dudas sobre la oportunidad y legalidad" de cambiar la calificación del terreno. El texto, fechado en 2009, echaba por tierra el argumento de los "perjuicios cuantiosos" que supondría para las arcas municipales el derribo del muro.

"El Ayuntamiento ha actuado innoble y criminalmente", denuncia Cristina Rodríguez, abogada de una de las vecinas perjudicadas. Esa convicción y la sospecha de que de la actuación del Ayuntamiento se desprenden "indicios de prevaricación" les hace plantearse ahora seguir con el caso por la vía penal. De momento, la organización independentista Nós-UP mostró ayer su intención de "continuar adelante con la denuncia al alcalde y el gobierno local por prevaricación continuada".

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Ponteareas elude el derribo de una obra ilegal de Álvaro Pino

Es el último capítulo de un proceso que se remonta a los años ochenta, protagonizó varios plenos del Ayuntamiento de Ponteareas y, tras pasar en 2004 por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), amenaza ahora con terminar en la vía penal con una demanda por prevaricación. En medio están el ex ciclista Álvaro Pino, y dos de sus tres hermanos: Rogelio y Daniel Pino Couñago. Dos décadas de litigio, a pesar de las que Álvaro Pino declaró a este periódico "desconocer" el caso que ha llevado a la palestra la organización Nós-UP.

María Luisa Alonso, vecina de Fontela (Ponteareas), denunció ante el TSXG una obra con la que los hermanos Pino cercaron un camino público de 20 metros entre las carreteras de Arcos y Guillade. El TSXG le dió la razón y "obligó" al Ayuntamiento de Ponteareas a recuperar, sin costes, el terreno "engullido". El proceso nunca se inició y la sentencia del Tribunal Superior durmió en los cajones del consistorio hasta que en marzo de 2009 la Corporación decidió inicar la tramitación de un expediente para cambiar la categoría del camino. De "bien de dominio público" pasaría a "bien desafectado", lo que abría la puerta a su venta a los hermanos Pino. El Ayuntamiento alegó entonces que era la decisión "más adecuada al interés público".

No era suficiente. El proceso requería de un informe previo de la secretaria municipal, realizado en noviembre de 2009. Son sólo cinco páginas, pero vierten "dudas sobre la oportunidad y legalidad" del proceso y señala al menos dos puntos en los que el Ayuntamiento no se ajusta al Reglamento de Entidades Locales: la primera, su desactualización, por datar el inventario de sus bienes y derechos de 1958; y la segunda, la "insuficiencia" del informe del ingeniero técnico municipal, documento necesario para el cambio de categoría del camino.

El informe echa por tierra el argumento de los "perjuicios cuantiosos a las arcas municipales" que en 2009 alegó el Ayuntamiento para no ejecutar el derribo. El motivo: que los 520.900 euros que costaría, según un informe municipal, incluyen la "demolición total" de la viviendas, el transporte de los escombros y su posterior reconstrucción. El informe de la secretaria aclara que sólo es necesario deribar "un murete de bloques". En cualquier caso la Ley de Patrimonio obliga al "usurpador" a hacer frente a esos costes, no al Ayuntamiento.

A pesar de las dudas que rodean el proceso, la Corporación aprobó en julio el cambio de calificación jurídica del camino. El único impedimento para su ejecución es la resolución presentada por María Alonso, quien reclama la nulidad de la decisión. Su abogada, Cristina Rodriguez, amenaza con llevar el caso a la vía penal y registrar una denuncia por prevaricación. El alcalde, Salvador González Solla (PP), afirma que su postura está amparada por un informe de la asesoría jurídica. "Es un camino que no tiene salida. No lo entiendo", aclaró.