Tras cinco años de pleitos y más de seis de polémica, una sentencia de Tribunal Superior de Justicia (TSJ) zanja el conflicto entre el Ayuntamiento de Xàbia y la familia que valló el acceso a la senda de la Cala Blanca o Caleta asegurando que estaba «dentro de su propiedad».

El fallo del TSJ desestima un recurso contra otra sentencia del juzgado de Alicante que ya reconoce el sendero como «público» y avala la decisión municipal de reclamar su libre acceso. Ahora habrá que esperar a la reacción de las autoridades locales y ver si toman alguna medida para recuperar la accesibilidad del paraje antes del verano.

Hay que remontarse a primavera de 2004 para localizar las primeras protestas vecinales contra la instalación de un muro cerrado con vallas y puertas metálicas que impedía el paso por el sendero que, bordeando el pequeño acantilado, une las dos caletas y conduce a uno de los miradores turísticos que habilitó el Consistorio.

A lo largo del primer verano hubo sus más y sus menos en la zona, ya que con palas y picos, algunos de los vecinos decidieron acabar hasta en dos ocasiones con lo que bautizaron como «muro de la vergüenza». La familia lo reconstruyó en todas las ocasiones.

Ya en 2005, al repetirse la situación, el Ayuntamiento de Xàbia hizo suyas las críticas vecinales que definían el caso como una «privatización» de un camino público de toda la vida y remitió un requerimiento a la familia para que dejara libre la senda. Los propietarios lo recurrieron administrativamente sin éxito y, entonces, decidieron dejar la decisión en manos de los tribunales. Un juzgado de Dénia, como medida cautelar, les autorizó a mantener el cerramiento.

Estos residentes mantenían que la senda estaba dentro de su parcela y que el Ayuntamiento no tenía documentación que detallara su trazado, su longitud y anchura. También sostuvieron que el sendero no está en el inventario de bienes municipales porque el Consistorio «nunca ha acreditado el uso público del camino».

Sin embargo, algún documento parece que había. El Ayuntamiento, para sostener que los demandantes «se han apropiado del suelo que ocupa la senda para conseguir un acceso privado a las calas desde sus viviendas» aportó un listado de caminos de uso público, grafiados desde 1948, en el que está el de la Cala Blanca. También enarboló los planos catastrales en los que aparece grafiado el camino que discurre «de forma paralela y externa» al linde de la propiedad privada.

La Administración local admitió que, en 1981, autorizó un vallado a esta familia «pero de la propiedad privada y no de la senda», así como negó con rotundidad haber avalado los muros de hormigón y las puertas metálicas con candados.

Durante los seis años que ha durado el conflicto, cada verano han aparecido en los árboles y mobiliario urbano varios escritos vecinales que plasmaban su malestar por la privatización y acusaban al Ayuntamiento de «complicidad y pasividad» ante la usurpación de suelo público que incluso debería estar protegido por la Ley de Costas.

La otra parte llegó a instalar cámaras de seguridad en la zona para registrar cualquier movimiento y jalonar el tramo con grandes pedruscos que, junto a la maleza y arbustos, dificultan aún el paso por una ruta de gran belleza.