Fuentes de la administración de la finca de Ternelles, propiedad de la familia March, consideraron ayer que la excursión reivindicativa prevista para hoy por el camino que atraviesa la propiedad es una "provocación" y avisan que "si finalmente pasan más de las veinte personas estipuladas se incurrirá en un delito que está penado con multas que van de los 6.000 a los 100.000 euros", en referencia a la vulneración de varios artículos de la Ley de Conservación de Espacios de Relevancia Ambiental.

La marcha, que se inicia hoy a partir de las diez de la mañana en el Pont Romà de Pollença, ha sido convocada por la Plataforma pro camins públics i oberts, que espera la asistencia de unas 500 personas con la idea de llegar al Castell del Rei, dentro de Ternelles, a pesar de la orden municipal que impide el paso a más de veinte personas.

Las fuentes de la propiedad afirmaron que "lo importante no es si el camino es público o privado, se trata de una cuestión medioambiental, ya que Ternelles es la finca más sensible de la Tramuntana, el santuario de la Serra, que cuenta con una protección avalada por Bruselas". La administración de la finca compara la situación de Ternelles con la de Cabrera, "donde existen lugares que se pueden visitar y otros en los que está totalmente prohibido ir". En este sentido, creen que "los espacios naturales no son el mejor sitio para una manifestación".

A su entender, la plataforma convocante "ha abusado" de la autorización otorgada por la conselleria de Medio Ambiente, un permiso que "se otorgó a dos personas físicas representantes de una única plataforma y no de las más de veinte asociaciones y partidos que han anunciado su presencia en la excursión; si esto se hubiera sabido, la autorización no se habría otorgado".

En este sentido, las fuentes se mostraron muy críticas con la participación de partidos como el PSOE, PSM o EU, cuyas siglas aparecen en la lista de entidades adheridas a la marcha, partidos que "se suman a una manifestación que infringe una sentencia del Tribunal Supremo" y que gobiernan tanto en Pollença como en las instituciones de Palma con UM. Las fuentes creen que la marcha "va contra el alcalde y el conseller de UM, no contra la propiedad".

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