La historia de las vías y de los caminos rurales ha sido desde tiempos inmemoriales la del robo y el expolio, tanto en nuestro término municipal como en el resto del Estado.

En la Revisión del PGOU de El Puerto de Santa María, documento previo, se les reconoce a las vías pecuarias la máxima protección, tal como exige la ley estatal, otorgándoles a estas la clasificación de suelo no urbanizable de especial protección, a todos los tramos de éstas afectados por el crecimiento urbano propuesto. También se afirma la necesidad de definir trazados alternativos de las vías para que manteniendo la funcionalidad y continuidad de la red (de las vías pecuarias) compense dichas afecciones. A los caminos rurales no les da una protección especial, a pesar de ser un bien patrimonial y medioambiental de todos, debiendo tener la misma consideración y nivel de protección que las vías pecuarias.

Pero al analizar el documento de aprobación provisional II del PGOU, no encontramos de facto protección real para ellas: ni en el diseño urbanístico, ni en la creación de trazados alternativos, ni en la existencia de figura legal protectora, ni con un planeamiento urbanístico que las salvaguarde como una red de caminos…

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