La red de caminos públicos de España se extiende a lo largo y ancho de cerca de un millón de kilómetros por la geografía nacional. Sin embargo, una cantidad nada desdeñable de esos tramos está cerrada. No se puede transitar por ella. De hecho, en el sur del país es posible que el porcentaje de sendas cortadas alcance el 80%, según ha lamentado el presidente de la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos. Manuel Trujillo ha sido uno de los participantes en el encuentro promovido por esta agrupación en Valsaín. En este foro, que ha cumplido su quinta edición, también se ha escuchado la voz de Ecologistas en Acción en Segovia, que ha analizado la situación de estas vías públicas.

De hecho, los representantes de esta organización han lanzado un mensaje de auxilio, un S.O.S en toda regla, frente a «la proliferación de casos de cierre ilegal, deterioro o pérdida del patrimonio de caminos públicos y vías pecuarias», según han hecho constar en su manifiesto elaborado a raíz de la celebración de estas jornadas nacionales.

Y para ilustrar su alarma, Ecologistas ha puesto sobre la mesa tres casos localizados en la provincia. Uno se refiere a la polémica sobre la Colada de Fuentepelayo a Hontalbilla, en el término municipal de Lastras de Cuéllar. La asociación aporta base legal a su demanda de apertura de esta vía pecuaria.

Según su exposición, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, mediante sentencia de 30 de julio de 2004, y el Tribunal Supremo, en otra resolución de 22 de abril de 2009 «han confirmado la legalidad y validez del deslinde efectuado, confirmando la existencia de una franja de dominio público que atraviesa la finca de La Serreta, denominada Colada de Fuentepelayo a Hontalbilla, con una anchura de diez metros». Así, los propietarios de esas tierras se vieron obligados a reabrir este paso. Los titulares «recientemente han vuelto a la carga, solicitando ahora la modificación del trazado de la colada», denuncia Ecologistas en Acción.

Ese nuevo itinerario propuesto por la propiedad de La Serreta incrementaría la longitud del recorrido en 1.297 metros, «perjudicando a los ganaderos trashumantes, que verían prolongado el recorrido en sus desplazamientos, sin obtener ninguna ventaja», argumenta la asociación protectora. Ese nuevo trazado también supondría la tala de arbolado.

Otro caso citado por Ecologistas en Segovia es el del Cordel de Años Impares, en el término de La Lastrilla. Se trata de una vía pecuaria cuyo proceso de deslinde a su paso por el municipio del alfoz está llevando a cabo el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Administración regional. Pero «sorprendentemente, la ingeniero responsable del deslinde ha propuesto suspender el citado deslinde y promover la desclasificación» de este camino «reduciéndola a una mera servidumbre de paso», critica la asociación conservacionista. Sus representantes añaden que esta iniciativa «contradice» el informe previo redactado por el letrado jefe de la Asesoría Jurídica.

La tercera denuncia se refiere al cierre del Camino de La Pedrona, en el Real Sitio de San Ildefonso. La finca Mata de La Saúca es atravesada por varias sendas públicas en dirección a la sierra que han sido usadas asiduamente por los vecinos «desde tiempo inmemorial y ni su titularidad municipal ni su uso público se habían puesto en cuestión», esgrime la asociación. Este camino lleva cinco años cerrado.

Después de analizar y realizar las inspecciones oportunas durante el proceso incoado, el Consistorio determinó la propiedad municipal de La Pedrona, ordenando su inscripción en el Inventario de Bienes del Ayuntamiento y en el documento del nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Los dueños de La Saúca han recurrido este dictamen.