|
La coalición que gobierna Jamilena no tiene que montar un circo para que le crezcan los enanos. Si alguien pensó que el polígono industrial era la solución a los quebraderos económicos de esta Administración local, se equivocaba.
Además de los embargos que pesan sobre varios solares, ahora Medio Ambiente le pide cuentas por ocupar una cañada real.
Hasta 30.000 euros calcula el actual alcalde de Jamilena, el popular Crispín Colmenero, que podría costarle al Ayuntamiento haber construido parte del polígono industrial —concretamente, su “lateral derecho”— sobre una antigua cañada real. Un camino de, al menos, 24 metros de ancho, regulado por el Concejo de la Mesta y destinado, desde el siglo XIII, a la trashumancia, que desapareció, en un tramo considerable de su longitud, bajo la capa de asfalto gris con la que se urbanizó el proyecto económico más ambicioso del Gobierno que dirigía el socialista José Cazalla y por el que, ahora, la Delegación de Medio Ambiente le pide cuentas al Ayuntamiento.
“Nosotros —asegura Colmenero— no sabíamos que esto era una ‘vía pecuaria’ y, ahora que está asfaltada, sería una lástima tener que levantarla”. Por no hablar —señala— del coste que representaría para unas arcas municipales laceradas por la crisis y por deudas que el Gobierno local estima entre “diez y doce millones de euros”. Ante esta tesitura, y con el fin de fomentar la promoción económica de Jamilena, sobre todo, en tiempos de crisis, responsables de Medio Ambiente se mostraron de acuerdo con la desafectación de la cañada real, siempre y cuando restituya, al menos, cuatro metros de este camino. Esta superficie —explican fuentes de la Junta— adquiriría el rango de huella de vía pecuaria y sería en la que habría que levantar el asfalto y echar la zahorra. Pero, para todo ello, es requisito imprescindible que el Ayuntamiento presente, antes, el deslinde en Medio Ambiente.
Pero este no es el único problema que se cierne sobre el polígono industrial. Las conducciones eléctricas “no están legalizadas porque cambió la normativa de Sevillana y ahora exigen otras cosas”, apunta el alcalde. Entre ellas, el soterramiento de líneas aéreas. Y, así, contrariedad tras contrariedad, el Gobierno local ve cómo vecinos y empresarios de la comarca se resisten a comprar en un polígono que, además, tiene tres solares embargados.
Procedimientos judiciales abiertos por impagos
“Siete millones de euros” es —según el alcalde de Jamilena, Crispín Colmenero— el dinero que el Ayuntamiento adeuda a diferentes proveedores. En algunos casos las deudas contraídas con una firma concreta superan los 600.000 euros y, para cobrar, ante la persistencia de los impagos municipales, algunos proveedores le han reclamado estas cantidades al Ayuntamiento por vía judicial. De esta manera, la Administración local jamilenuda se enfrenta hasta a 21 procedimientos judiciales por impagos o por reclamaciones del personal. Aparte, no hay que olvidar que los trabajadores del Ayuntamiento aún no han cobrado la nómina del mes de septiembre y que, debido a que no presentó a tiempo la liquidación de 2010, Hacienda le ha embargado a la Administración local el dinero que le corresponde por su participación en los ingresos del Estado (PIE).
|
